Resumen: Reitera el trabajador la extinción indemnizada de su contrato (por MSCT) a través de un recurso que la Sala examina desde la condicionante dimensión del relato fáctico (al fracasar su revisión atendiendo tanto a su carácter extraordinario como a la facultad legalmente conferida al Juzgador en la crítica valoración de la prueba). Tras remitirse a una consolidada jurisprudencia (según la cual entre aquéllas cabe incluir la modificación de las funciones cuando la misma redunda en menoscabo de la dignidad del trabajador) advierte la Sala que lo único probado es que, a consecuencia de las dificultades económicas que presentaba la empresa, se acordó una reestructuración de las mismas; habiéndose celebrado una reunión en la que se comunicó que iban a dejarse de realizar los proyectos que tenía a su cargo. No alcanzándose un acuerdo se sugirió bien la posibilidad de poner fin a la relación a través de un acuerdo económico que debería ser aprobado por la Junta Directiva o reducir su jornada. En respuesta a su solicitud de que se le indicasen cuales serían sus funciones se le reiteró que no se había procedido a una MSCT a la espera de que se retomase la actividad tras la declaración del Estado de Alarma. Injustificación de la situación de acoso. Sobre la base de la inexistencia de aquélla tampoco se objetiva un trato vejatorio del empleador que atentase a su dignidad no procede la indemnización postulada al no concurrir sus requisitos de devengo (MSCT en perjuicio del trabajador).
Resumen: El acusado no manifestó la pérdida de confianza con la letrada que le había sido designada hasta el inicio de la sesión. No hizo en ningún momento previo al inicio de la sesión, ni aun en el propio juicio oral, manifestación de quien quería que se hiciera cargo de su defensa, designando letrado que la hubiera aceptado. Esta actitud, lo que revela en realidad fue un intento de dilatar la tramitación de la causa provocando la suspensión de la vista. El derecho a la defensa debe ejercitarse conforme a la buena fe. La capacidad de todo imputado de designar a un abogado de su confianza no ampara estrategias dilatorias ni actuaciones que sean expresivas de una calculada desidia a la hora de hacer valer el propio derecho de defensa. La forma de comparecer de la letrada a través de videoconferencia fue autorizada por el Juzgado en consideración a la situación generada por la crisis sanitaria derivada de la COVID-19. El ahora apelante conocía personalmente los términos de la acusación así como los conocía también su defensa técnica, defensa que por otra parte era la aceptada por el acusado en ese momento procesal. La declaración de los agentes aparece corroborada por la objetiva existencia de lesiones sufridas por los testigos y compatibles con su versión. El acusado se negó desde un principio a identificarse, llegando a insultar y a intentar acometer a uno de los agentes, motivo por el que tuvo que ser reducido a lo que se resistió lanzando patadas y puñetazos.
